A vueltas con el retorno de los inmigrantes

Después de varios amagos, el Gobierno propuso por fin el viernes una serie de medidas que persiguen el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. En esencia, la propuesta consiste en ofrecer el pago acumulado de las prestaciones sociales a las que tiene derecho el inmigrante, a cambio de que éste retorne a su país por un período mínimo de tres años. Parte de ese dinero (40%) lo recibiría al marcharse, y el resto una vez que ya está en su país.

La idea no es idiota. Para muchos inmigrantes, un ‘ahorro’ repentino y acumulado tan sustancioso como el que ofrece el Gobierno (por ejemplo una cantidad total de unos 6.000 a 10.000 euros para empleados técnicos con salarios medios) les permitiría intentarlo de nuevo en sus regiones de origen, o al menos realizar algunas inversiones que garanticen un futuro más tranquilo. Si además resulta que las perspectivas de trabajar en España son ahora mucho menos halagüeñas de lo que eran hace sólo un año, las razones para volver a casa durante un tiempo son aún más poderosas.

Sin embargo, las condiciones que rodean este pago amenazan con convertirlo en uno de los mayores fiascos de la política de inmigración del Gobierno socialista. Es perfectamente evidente que el propósito de la medida no es más que sacar de España cuanto antes al mayor número posible de gente, y dejarlos fuera durante un tiempo indefinido. Por alguna razón que sólo ha sorprendido al Sr. Corbacho, la gran mayoría de los inmigrantes parece haberse dado cuenta de este pequeño detalle, y menos de un 10% de los afectados habría mostrado algún interés en apuntarse a la medida.

Existen algunas buenas razones para rechazar la propuesta: en primer lugar, por mal que vayan las cosas en España, es difícil que una familia inmigrante encuentre mucho más próspero su país de origen. En segundo lugar –y éste es el obstáculo fundamental-, el Gobierno sólo garantiza la fecha de salida, pero no la de retorno; cualquier inmigrante que haya pasado por el infierno económico, burocrático y legal que supone llegar a Europa la primera vez se lo pensará mucho antes de tener que pasar por ello de nuevo. La realidad es que el control obsesivo de las fronteras es malo cuando las cosas van bien (porque la economía se convierte en un imán para la inmigración irregular), pero es igualmente malo cuando las cosas van mal (porque el inmigrante se ve atrapado en un país en el que no puede trabajar).

Tampoco conviene olvidar que en este caso el Gobierno dispara con pólvora ajena: el dinero que ofrece a los inmigrantes es el resultado de las contribuciones que han hecho como trabajadores, y por lo tanto no les pertenece más que ellos.

Los ciclos económicos son capaces de tumbar hasta las mejores intenciones, y sin duda las del primer Gobierno de Rodríguez-Zapatero lo eran. España se puso al frente de una política migratoria más justa e inteligente, ofreciendo al resto de Europa un modo diferente de concebir el control y la integración de los flujos de inmigrantes. Llegó incluso a reconocer en voz baja la necesidad de concebir nuevos modelos migratorios, basados en la idea de ‘circularidad’ y amparados por el esfuerzo común de los países de la UE. Pero la crisis económica ha puesto fin a las ideas y al coraje político que las convierte en realidad. Una lástima.

Desde Boston, Gonzalo Fanjul