Otro paso en falso en política de inmigración

Se acerca una nueva reforma de la Ley de la Ley de Extranjería. Según la información que se ha conocido, el anteproyecto de ley establece un doble objetivo: llenar algunos de los vacíos existentes en materia de derechos fundamentales y adaptar la legislación española sobre inmigración a las necesidades de una economía en recesión.

La primera parte es prometedora, ya que podría fortalecer los derechos de reunión y asociación de los inmigrantes, también de los indocumentados. No dicen nada, eso sí, del derecho al voto en las elecciones locales, un asunto en el que casi todos los partidos parecen estar de acuerdo.

Pero lo verdaderamente preocupante está en la segunda parte. ¿Qué significa adaptar la legislación a una economía en recesión? La Ley actual impone restricciones leoninas a la entrada de trabajadores extranjeros, que han convertido la tramitación de un visado en un procedimiento soviético. Se ha reducido en un 90% el cupo de trabajadores extranjeros ‘necesarios’, y se ha aprobado la ampliación del período de retención de 40 a 60 días. ¿Qué más pretenden conseguir que no haya conseguido la legislación actual?

Más allá de la fanfarria política que acompaña cada paso en materia de inmigración, lo cierto es que estas nuevas medidas fracasarán como fracasaron las anteriores. El número de trabajadores inmigrantes se reducirá, desde luego, pero no porque lo diga el Gobierno, sino porque ya lo está diciendo el mercado. Éste es el verdadero factor determinante, y complicar innecesariamente el derecho de los trabajadores a buscar empleo donde esté disponible es tan injusto como inútil.


Gonzalo Fanjul, desde Boston